México no es Honduras*; no a la violencia en 2018

El plantón de López Obrador y perredistas en 2006 en calles adyacentes del Zócalo capitalino y de Paseo de la Reforma es el único hecho que puso en riesgo la integridad de mexicanos. No hubo víctimas mortales, pero sí cientos de negocios quebrados y afectados.

Sólo Andrés Manuel López Obrador, posándose sobre el PRD, puso en 2006 en riesgo la integridad de mexicanos después de una elección presidencial

En el 2000, y hasta con un pronunciamiento de Zedillo, el PRI admitió su derrota ante Vicente Fox, resultando perdedor Francisco Labastida con diferencia de casi 2 millones y medio de votos. En el 2006, el tricolor hizo lo mismo ante el tercer lugar de Roberto Madrazo

Desde la aprobación inicial en la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interior se corrió, irresponsablemente, una voz de alerta de que el país iba a militarizarse; más aún que los soldados serían utilizados en el 2018 si perdía el PRI

En las últimas tres elecciones presidenciales, dos ganadas por el PAN y una por el PRI, nunca los resultados han desatado un entorno de violencia, mucho menos conflictos con víctimas mortales.

El único episodio que puso en riesgo la integridad de muchas personas, hay que decirlo, ocurrió en el 2006 cuando Andrés Manuel López Obrador se dijo despojado del triunfo en el proceso electoral del mismo año, y estableció un macroplantón que “secuestró” por meses varias calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como algunos tramos de la representativa Paseo de la Reforma.

Los capitalinos le valieron un cacahuate al hoy candidato de Morena por tercera ocasión en busca de la Presidencia de la República.

El plantón perredista, de casi 50 campamentos, encabezado por López Obrador quebró cientos de negocios y dejó casi en ruinas miles más. No sólo eso, endeudó al PRD con más de 200 millones de pesos, que a la vuelta de los años, por no poderla solventar puntualmente, se convirtieron en casi 500 millones.

Su anterior partido tuvo que pagar el pato por carpas, templetes, equipos de sonido, transporte y alimentos para miles de personas del interior de la República, que iban y venían, entre otros gastos.

En ese año, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) reportó que los 32 mil negocios ubicados en Reforma fueron afectados, y que “se perdieron 203 millones de pesos en ventas durante cada día que duró la movilización”.

Ese es el peor episodio enfrentado por México en los últimos tres cuartos de siglo con procesos electorales federales.

Desde hace dos semanas, durante la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, muchas voces, sobre todo de la oposición, pero también de grupos sociales y organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales exigían su revisión, su modificación y su no promulgación.

No falta decir que en época de campañas electorales todo se redimensiona.

Sin embargo, a nuestra consideración, señalar que con dicha ley lo que se pretende es “militarizar” el país, es francamente no sólo una afirmación irresponsable, sino una idea fuera de la realidad.

A nuestro juicio existe más la posibilidad de que surjan actos de violencia post-electoral de no ganar la Presidencia por tercera vez consecutiva López Obrador, que por una derrota del PRI, principalmente, o de la coalición PAN-PRD-MC.

En el 2000, y hasta con un pronunciamiento de Zedillo, el PRI admitió su derrota ante Vicente Fox, resultando perdedor Francisco Labastida con diferencia de casi 2 millones y medio de votos. En el 2006, el tricolor hizo lo mismo ante el tercer lugar de Roberto Madrazo.

HONDURAS EN ESTADO DE EXCEPCIÓN

El 26 de noviembre el país centroamericano vivió una de las elecciones presidenciales más controvertidas… y violentas.

La atención mundial la acapararon el actual Presidente y postulante a reelegirse, Juan Orlando Hernández, representando a la Derecha cristiana (Partido Nacional) y Salvador Nasralla, su contrincante de la Izquierda (Partido Libertad y Refundación y de la Alianza de Oposición contra la Dictadura).

Desde el primer día de las elecciones ambos se dieron por ganadores. Los opositores de Hernández organizaron marchas que culminaron en enfrentamientos, cuyo saldo 10 días después es de al menos 18 muertos.

Civiles y policías entre los muertos. Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, cientos de comercios desvalijados y quemados. Empresarios hablan de más de 600 millones de dólares en pérdidas.

Las autoridades debieron decretar en distintas zonas el Estado de Excepción ante el incremento de las manifestaciones violentas en las que debió intervenir la Policía Militar.

El 17 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral dio el triunfo a Juan Orlando. La oposición reaccionó amenazando con más protestas.

El de Honduras es un problema social que México no debe experimentar. A ciencia cierta no sabemos los alcances de las leyes electorales del país centroamericano, pero si un país ha sido reconocido mundialmente por sus normas en procesos electorales, es el nuestro, con un histórico andamiaje de reformas.

Cualquiera puede hacer un recuento de los hechos violentos ocurridos, si se quiere, en este último sexenio, y la deducción de quiénes los organizan, cómo actúan y contra quién, es bastante claro.

Ataques directos con molotov, piedras, tubos, camiones, a zonas militares; ataque a policías con bombas incendiarias, quema y destrucción de edificios públicos, incendio de vehículos, vandalismo a bancos, restaurantes.

Pero eso también debe evitarse en el 2018.

Las campañas políticas pueden ser las más voraces, calumniadoras, críticas y hasta frívolas, pero durante y después de la votación la tranquilidad debe permear en el país. Bienvenido quien gane. La experiencia sólo los mexicanos, de uno u otro partido, deberán calificarla en el corto, mediano o largo plazo.

“El proceso electoral debe servir para generar espacios de unión, encuentro e inclusión”, admitió hace unos días el aspirante por el PRI, José Antonio Meade.

*Sin la intención de detractar o denigrar ninguna situación del país vecino, México no es Honduras.

Por ello, ni siquiera pensar en bombas de gas lacrimógeno para crear un día “no normal” en el sitio donde quien gane el 1 de julio de 2018 deberá tomar protesta como lo dispone la Constitución Mexicana.

Creo que no estamos locos. No hagamos locuras.