Fiscales, muertitos del camposanto legislativo cargados a Peña Nieto

A México le falta democracia, cultura, más solidaridad, pero sobre todo criterio de quienes tienen la posibilidad de empujar controversias hacia la cordura bajo un supuesto nivel de conocimiento de temas sociales, pero principalmente políticos y legales. A diario se descubren quienes apuestan al alarmismo lúdico

Raúl Cervantes renunció, el 16 de octubre, a la Procuraduría General de la República a efecto, dijo, “de que (los legisladores) no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita”.

El 27 del mismo mes, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, hizo su parte.

Los dos personajes venían de batallas épicas.

Cervantes, acusado de ser el centro de la ansiedad gubernamental para ponerlo en camino de pétalos hacia la Fiscalía General, según denunció la oposición, conformada por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, principalmente. Era para el Presidente Enrique Peña Nieto, decían, su “fiscal carnal” y, por ello, debía eliminarse el famoso “pase automático”. Patrañas. Desde el 29 de noviembre de 2016, Peña envió al Senado una iniciativa para eliminar el dolor de cabeza de quienes no dormían con la preocupación de ver convertido a Cervantes en Fiscal General, pero Cervantes no dejó crecer los nervios de los legisladores, quienes nunca desempolvaron la solución tan a mano, y prefirió irse:

“Dado que los próximos días, en la Cámara de Diputados, se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación, (y) a efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Gobierno de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento.

“Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México. Yo no tengo ninguna aspiración fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”.

Mientras los legisladores se espabilaban y sacudían la modorra, en lugar de Cervantes entró al quite Alberto Elías Beltrán.

La chamba, pues, quedó en manos de los legisladores. Allá ellos cómo se administran, cómo organizan su tiempo, cómo llegan al armisticio de su beligerancia, pero prestos a escuchar propuestas quizá se fueron con la recomendación del Presidente Peña de dejar el caso hasta pasado el proceso electoral del 2018, allá por septiembre.

“Creo que el Senado no tendrá condiciones para definir un fiscal y a lo mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año para que entonces se decante un poco la efervescencia política”.

Y hasta con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció la “buena decisión” del Ejecutivo.

“Fue buena la decisión que tomó el Presidente Peña Nieto”, dijo el líder de Morena. “Lo tengo que reconocer, de dejar este asunto para después de la elección, que sea el nuevo Presidente el que presente una terna de abogados independientes.
“Esto creo que fue un paso en firme, debe de reconocerse”.

El Fiscal General está, pues, en la cancha del Congreso.

Nieto Castillo pudo salir del ojo del huracán apenas el fin de semana pasado después de nueve días de bombardeo a discreción contra su actitud de revelar “aquí y allá” pormenores de la investigación del caso Odebrecht; después de mentir o dejarse embaucar por un periódico; después de allegarse de políticos e intelectuales mitoteros para defender una causa perdida y, por demás, desaseada. Ello, independientemente de si el inculpado en el caso, Emilio Lozoya, ex Director General de Pemex, es culpable o no, pero los senadores preocupados por el futuro del ex titular de la FEPADE levantaron demasiado polvo sólo para plantar por tres días a la mitad de los integrantes del recinto legislativo.

Vaya, después de la rendición de Nieto Castillo, muchos de sus cuates se dieron cuenta de cuál difícil era defenderlo, sobre todo después de reconocer haber sido utilizado por el periódico Reforma con una “finísima” treta informativa de pegar declaraciones y salir a decir, públicamente, “no dije lo que dicen que dije”, aunque, según la treta, sí lo dijo, pero sobre todo cuando pidió, en una carta, a los senadores ya no blandir sus espadas por su causa, dejándolos colgados de la brocha y una cara de “what?”.

Ocultando la pena, algunos líderes senatoriales de oposición todavía le rascaron al asunto lunes y martes de esta semana, intentando despistar su pena.

A pesar de la recomendación de muchos (incluso de propios defensores) de pasar a otra cosa e iniciar el proceso de buscar al sustituto de Nieto Castillo prefirieron patalear y dejar acéfala la fiscalía. Claro, hubo un duelo de vencidas. El PRI no cedió a la ya inoperante votación por pantalla o por cédula; no había necesidad; el fiscal debía organizar su tiempo para enfrentar algo más serio, varias denuncias por varias supuestas irregularidades, por no llamarles delitos.

Desde ayer se fueron de puente de muertos. Retornan el martes 7, ya esperemos, sin golpes de pecho por el ex titular de la FEPADE.

Anterior a Nieto Castillo, la FEPADE estuvo descabezada durante siete meses. Eso sí, al frente no tenían una elección como la del 2018.

Por lo pronto, además del Fiscal General, tienen ahora la tarea del Fiscal Electoral. A ver, apuntemos, la tienen ellos, no el Ejecutivo.

En medio de estas tareas está también la elección del Fiscal Anticorrupción, que va en el paquete de Fiscalía General, pero también la eterna exigencia de avanzar en la Ley de Seguridad Interior.

Según Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, este paquetón deberán resolverlo, o medio resolverlo, a más tardar el 15 de diciembre. A decir de algunos, el de la Ley de Seguridad Interior, así como lo del Mando Único o Mixto, “no han alcanzado los consensos necesarios”.

Otro apunte: Estos últimos temas son responsabilidad también, casi en su totalidad, del Congreso.

Y remarcamos en ello porque después de escapárseles el arma “Santiago Nieto Castillo”, vivales de la política comienzan a responsabilizar de los nombramientos pendientes al Gobierno federal.

Casi como lo hicieron con el caso Ayotzinapa, responsabilidad de la Izquierda en Iguala y todo Guerrero. Como lo pretenden hacer con los efectos del sismo y la tarea de todos, mucho de la sociedad civil.

El lunes, Miguel Osorio, encargado de los asuntos internos del país prácticamente de toda índole, pidió al Congreso no dejar a la deriva la justicia mexicana.

“Espero que a pesar del interés político-electoral se sigue pensando en el país. Se requiere, incluso, para el buen desempeño del proceso electoral, tener instituciones sólidas. Hoy, los senadores tienen enfrente la decisión de poner al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales… Que puedan encontrar un acuerdo en la designación del Fiscal General y aprobar la Ley de Seguridad Interior…”, pero queda claro, y así deben entenderlo quienes perdiendo una guerra toman cualquier cosa para iniciar otra, falazmente, la responsabilidad, la urgencia, la tiene hoy un solo Poder, el Legislativo.