La ley en manos de Lutero

Convento de Arrabal
Escrito por: El Parroquiano

Mientras las pruebas evidencien una falta o un delito, el enojo de quien sea debe salir sobrando

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para liberar a Florence Cassez se fue construyendo, durante meses, bajo un bombardeo de presiones de todo tipo, principalmente políticas, independientemente del entorno jurídico certero aplicado por los ministros.

Recordemos que el primer proyecto, presentado por el ministro Arturo Zaldívar hace casi un año, fue rechazado y se pasó la pelota a la ministra Olga Sánchez Cordero.

Demasiado tiempo, en el que se tejieron intereses diplomáticos, de Estado, de coyuntura política y más.

Eso suele ocurrir. Muchas veces, poderosas circunstancias doblan, raspan, retocan, acomodan, reacomodan y hasta manipulan cualquier norma jurídica.

Mientras todo eso ocurra dentro de los parámetros jurídicos pertinentes y permitidos, nada es ilegal e inesperado: Un artículo rebate a otro, un criterio se impone a otro, como en la confrontación de un juicio oral entre el abogado defensor y el acusador. Cierto, pero crea suspicacias… y consecuencias.

Esta semana fue el IFE el que lanzó otro fuego pirotécnico con la decisión, según los resultados de la Unidad de Fiscalización, de multar únicamente a la coalición Movimiento Progresista, que abanderó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, hasta con 129 millones de pesos por supuestamente rebasar los gastos de campaña.

A simple vista era una resolución extraña no porque la Izquierda y Andrés Manuel hubieran sido muy ahorrativos, sino por ser los únicos señalados en excederse con los gastos electorales permitidos por la ley.

No sólo la reacción de la Izquierda fue inmediata. El fallo, seguramente, sorprendió hasta a los priístas. El panista Ernesto Cordero la calificó de “increíble”.

Las expresiones de rechazo de López Obrador, Miguel Barbosa, Silvano Aureoles y Jesús Zambrano cimbraron la atmósfera política.

Como en el caso Florence, la presión política fue intensa, y con mucha razón. Gastones fueron todos, incluyendo el equipo de Josefina, que quiere cubrirse con la coartada de que no la apoyaron económicamente y no le alcanzó ni para llegar al tope.

A leguas se ve mal culpar y castigar sólo a la Izquierda.

El martes, el IFE anunció, para el día siguiente, una sesión para determinar las multas, incluyendo las que se aplicarían a otros partidos por conceptos diferentes al tope de gastos.

Ayer, ante el creciente descontento de la Izquierda y el involucramiento en la polémica del Pacto por México, desde temprano se hablaba de la posibilidad de posponer la sesión para la otra semana, como finalmente ocurrió.

En este contexto político, el IFE se puso, primero, a pensar y, después, a temblar.

¿Va a multar o no? Suponemos que la decisión del castigo obedece a un escrupuloso análisis de los documentos y evidencias presentadas por la Izquierda sobre sus erogaciones de campaña.

No puede ser de otra forma. Mucho menos modificar la determinación tomada. ¿En base a qué lo haría? ¿Erraron los integrantes de la Unidad de Fiscalización; no sumaron y restaron bien?

¿A qué estamos jugando?

Mientras las pruebas evidencien una falta o un delito, el enojo de quien sea debe salir sobrando. En ese margen de compensaciones y reconsideraciones, los mexicanos nos fuimos tragando la libertad de Cassez.

Recordemos el episodio del 1 de diciembre pasado, cuando cuadrillas de jóvenes madrearon lo que encontraron a su paso, escudándose en el repudio al arribo de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

Para castigarlos no se requería denuncia.

Sin embargo, alguien obró rápidamente (no me imagino quién) para reformar el Artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal y suavizar las condenas a los malandrines.

En dos, tres, días, la ley se postró. Otra vez nos volvimos a tragar el desaseo de la justicia y los politizados muchachitos de la piedra y el palo salieron libres. Más aun, a río revuelto, ganancia de pescadores, y otro centenar de reos con delitos parecidos recibió el beneficio de la reforma, la misma que, justo tres meses antes, Marcelo Ebrard había propuesto endurecerla equiparando con terrorismo el “ataque a la paz pública… mediante incendio, inundación o violencia extrema… sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o explosivos…”.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo los mexicanos hemos ido dejando la ley en manos de Lutero.

Ya Felipe Calderón se quejaba, insistentemente, de los jueces.

A veces, las decisiones contienen un sesgo de complacencia, interés o beneficio. La recién aprobada reforma a la Ley General de Víctimas fue llevada y traída de la Corte.

Calderón no la aceptó con los cambios que el Congreso le hizo a su propuesta inicial e interpuso una controversia constitucional ante el Poder Judicial, pero ya iba de salida en el cargo.

Peña se cubrió de gloria retirando el recurso. Finalmente, ayer, la PGR anuncia que la ley se ajustará en algunas partes. Para esta “perfectibilidad” ¿se tomó en cuenta no digamos a ciudadanos: A expertos?

La semana siguiente veremos de qué está hecho el IFE y en qué soporta sus actuaciones.

Por lo pronto recomendamos no hacer del montaje la mejor cátedra para la aplicación de nuestras leyes.

Convento1959@hotmail.com