Mientras Cassez sonríe, sus víctimas lloran

La francesa, ex integrante de la banda de secuestradores de ‘Los Zodiaco’, cumplió sólo 7 de 60 años de prisión a los que fue condenada; antes le habían reducido el castigo 36 años, que, inicialmente, era de 96

Tres de cinco ministros (Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz) afirman no haber juzgado su inocencia o culpabilidad para liberarla, sino la violación de sus derechos cuando fue capturada, en el 2005, en un rancho ubicado al sur del Distrito Federal.

La principal causa de que, hoy, sus denunciados delitos queden impunes es, principalmente, la conocidísima puesta en escena por policías federales al mando, entonces, de Genaro García Luna, ex director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación.

El jueves pasado, en París, Florence Cassez sonreía al salir de un edificio (maquillada, peinada, alegre) para asistir a una entrevista de televisión.

Horas antes, después de bajar del avión que la condujo desde México, en el aeropuerto Charles de Gaulle caminó sobre una alfombra roja, en el llamado “Pabellón del Honor”, sólo destinado a diplomáticos.

Un día antes, el miércoles 23 de enero, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación inmediata, varias de sus víctimas lloraron, gritaron y condenaron la decisión del Poder Judicial, pero no sólo ellos: El 85 por ciento de los mexicanos maldijo a los ministros.

Florence Marie Louise Cassez Crepin pasó de secuestradora, custodia de plagiados, “anestesióloga” de la banda de “Los Zodiaco”, mocha-orejas y mocha-dedos, a “estrella de televisión”, precandidata a vendedora estelar de best-seller, pero sobre todo a víctima de la “incapaz justicia mexicana”, como lo afirmó el periódico francés Le Monde.

La historia de Cassez y su juicio por secuestro puede leerse de dos maneras diferentes, depende de donde esté usted, en México o en Francia.

O, también, desde dos ángulos jurídicos diferentes: Si se es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o si no se es.

En uno de los tiempos más graves en la historia de México, por la incidencia del crimen organizado, en donde delitos tan graves como el secuestro han copado al país, la ex integrante de una de las bandas más sanguinarias y peligrosas vivirá en libertad en su país, Francia, a pesar de que varias de sus víctimas la acusan de mutilar dedos y orejas.

El golpe para quienes padecieron su sádica labor es devastador. Y si alguien pensaba que desde que la condenaron a seis décadas de prisión, el caso estaba juzgado, se equivocó. La Corte nos guardaba una sorpresa.

¿LA LEY ES LA LEY?

Semanas antes de dejar la Presidencia de la República, Felipe Calderón interpuso una controversia constitucional para que la Ley General de Víctimas no se publicara con las modificaciones hechas por el Congreso a su propuesta inicial.

Por algunas semanas, los ministros la tuvieron en sus manos. La leyeron y, seguramente, escarbaron para adentrarse en la condición de las víctimas.

Si dicha ley no contiene un ápice de incumbencia en un asunto como el de Florence Cassez (secuestradora) y sus víctimas (mutilados), la cosa es grave.

Para los ministros algo estaba claro: Iban a deliberar sobre la acusada, no sobre las víctimas.

Y así lo hicieron.

Tres de ellos, Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz, votaron en favor de conceder un “amparo llano y liso” a la delincuente francesa.

Según las indagaciones realizadas desde el 2005, y que llevaron a un juez a condenarla, inicialmente, a 96 años de prisión, Cassez no es una acusada fortuita.

Vivía con el jefe de la banda de “Los Zodiaco”, Israel Vallarta. Era su pareja y, seguramente, no se dedicaba, exclusivamente, a calentar las tortillas, limpiar la casa y cumplir los caprichos íntimos de su pareja.

Resultados de la investigación en su contra indican que su función dentro de la banda, además de anestesiar a las víctimas para mutilarlas y enviar pruebas de vida a sus familiares, era estudiar el patrimonio, la solvencia y las rutinas de quienes estaban en lista de ser plagiados, así como cuidar a algunos cautivos.

Sus acusadores, que desde el pasado miércoles recriminan la decisión de la Corte, porque en su debido tiempo la reconocieron, han detallado, varias veces, el sadismo “quirúrgico” de la francesa.

La decisión de los ministros duró apenas unas cuatro horas. Era preciso ser preciso. El vuelo, el avión, el traslado, la documentación. Un día y una noche sin contratiempos.

El miércoles 24 por la tarde, Florence dejaba el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan portando un chaleco antibalas, el cabello revuelto, demacrada y acompañada de su padre, Bernard Cassez.

El jueves 25, apenas 12 horas después, aparecía en París con una imagen renovada, sonriente. “Voy a pelear por los que están allá”, clamaba. “Luché contra todo un gobierno”.

¿NI CULPABLE NI INOCENTE?

Quienes a la vista de lo que muchos consideran un fallo equivocado salvan su honra son los ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Los otros tres defienden su voto: No fallamos sobre su culpabilidad o inocencia, sino sobre lo viciado de su juicio.

Como desde el primer proyecto presentado en marzo del 2012 por Zaldívar, en el que también se proponía el amparo, esta vez esgrimieron las mismas causas:

Los agentes de la policía no contactaron de inmediato con el consulado francés.

No fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público.

Fue llevada al rancho “Las Chinitas” para hacerla participar en un montaje televisivo preparado por la AFI.

Las omisiones y actuaciones produjeron una indefensión total de Cassez.

Hubo una violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia de la detenida al deformar, conscientemente, la realidad.

Las mismas omisiones y actuaciones generaron un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria.

-Como consecuencia del montaje, las pruebas carecen de fiabilidad.

CONDENA EN CADENA

Ayer, apenas minutos después del fallo de la Corte, el presidente Francois Hollande se apresuró a saludar la resolución y a agradecer a quienes “se comprometieron con la verdad y la justicia”.

A distancia, su antecesor, Nicolas Sarkozy, seguramente también cantaba victoria.

La diferencia de opiniones, sin embargo, fue diametralmente contraria a la del jefe de Gobierno francés.

Tal vez una de las más pretendidamente institucionales fue la del diputado priísta Manlio Fabio Beltrones: “Las decisiones de la Corte no se opinan; se acatan”.

O la de Jesús Murillo Karam, procurador general de la República: “Es una derrota para la justicia mexicana”.

O la de autodefensa de Sánchez Cordero: “(Para mi Florence) es Sebastiana… una indígena tzotzil que no tenía más abogados que el defensor público de nosotros… tampoco un intérprete… un debido proceso…”.

O la de la Iglesia católica, en voz de Hugo Valdemar: “Ministros actuaron como fariseos”.

O la de María Elena Morera, lideresa de “Causa en Común”: “Es un mensaje grave de la Suprema Corte”.

O la de Ezequiel Elizalde, una de las víctimas, que estuvo secuestrada durante tres meses, junto con Cristina Ríos Valladares y el hijo de ésta: “Somos una porquería de país”.

Una de las reacciones más esperadas era la del Presidente Enrique Peña Nieto. “Lamento que errores o violaciones al debido proceso impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de otra persona”, dijo. Y pidió tanto a la PGR como a la Secretaría de Gobernación vigilar que el trabajo de la Policía Federal y el de los ministerios públicos se apegue a Derecho.

Desde el miércoles pasado, una gran parte de la esperanza de justicia de los familiares de cientos de secuestrados, desaparecidos y ejecutados ha sido, efectivamente, “mutilada”.

La herida, que nunca había cicatrizado, se ha vuelto a abrir.

Pero los que conocen dicen que así es la justicia.

EN 2012 SÍ GANAN LAS VÍCTIMAS

Contrario a lo ocurrido la semana pasada, en marzo del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra de la libertad inmediata a Florence Cassez.

En aquella ocasión, los ministros José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo dijeron no al proyecto de Arturo Zaldívar, quien presentaba, con algunas diferencias, lo mismo que hace cuatro días originó la libertad de Cassez.

Entre un intercambio de opiniones, al final se resolvió turnar el caso, para otra propuesta, a la ministra Olga Sánchez Cordero, la única que apoyó el planteamiento de Zaldívar.

La resolución fue calificada por la Procuraduría General de la República como victoria para las víctimas. La dependencia federal estaba a cargo de Marisela Morales.

CALDERÓN PEDÍA NO ABRIR
PUERTA A LA IMPUNIDAD

El 19 de marzo de 2012, dos días antes de que el ministro Arturo Zaldívar presentara el primer proyecto de resolución para dejar en “inmediata libertad” a Florence Cassez, el Presidente Felipe Calderón, durante la supervisión del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz, pidió al Poder Judicial no abrir una rendija a la impunidad.

“La obligación elemental es que quien cometa un delito sea, verdaderamente, juzgado y castigado”, expresó, “y que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad, sino un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia”.

El ahora ex Presidente alegaba que se deben ponderar las garantías de los procesados, pero también, y por igual, considerar y respetar los derechos de las víctimas.

“Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a su propio derecho”, expresó, entonces, Calderón. “Justicia para las víctimas de los delitos. Justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente, porque no se cumplen los fines del derecho”.

En aquella ocasión, Calderón era acompañado por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, hoy en el ojo del huracán. También por el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el gobernador Javier Duarte.

El ex presidente insistió en imponer sanción y consecuencia jurídica a quien delinque y, con ello, resarcir, aunque sea en parte, a quien ha sufrido una vejación a través del delito.

“Porque la impunidad es el estímulo más poderoso, el incentivo más destructivo e interminable que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir, sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique”, dijo.

Justicia para los padres, a los que les han arrebatado a sus hijos, dijo. “Justicia a los hijos que no volvieron a ver a sus padres, secuestrados o asesinados. Justicia para las viudas. Justicia para los que sufren extorsión. Justicia para los que sufren secuestro”.